¿Normativa ambiental versus recursos renovables?

Daniel Salazar J.

Durante la década pasada, Chile inició el proceso de inserción de energías renovables variables a su matriz eléctrica, proceso que hoy sirve de referencia a la mayoría de los países de la región y es citado frecuentemente a nivel global. Durante este desarrollo se han debido superar diversos desafíos para integrar crecientemente fuentes de generación que, por su naturaleza variable, requieren diversas estrategias y esfuerzos para gestionar su variabilidad.

Hoy el sector eléctrico se prepara para una “nueva ola de proyectos renovables” que integrará varios miles de MW a nuestra matriz, a una velocidad mucho mayor que en la década pasada; y que no sólo se incorporará por el efecto sustitución que genera el proceso de descarbonización recién iniciado, sino también porque la reducción de costos de estas tecnologías las posiciona y confirma como alternativas competitivas.

Pero es importante atender diversos frentes aún abiertos. Por un lado, el desarrollo de infraestructura de transmisión, de manera tal que sea suficiente y oportuna para aprovechar los abundantes recursos renovables que nuestra geografía nos pone a disposición. Por otro, la necesidad de armonizar la normativa ambiental con la normativa eléctrica, porque la primera actúa como inhibidor o limitante para una mayor inserción de recursos renovales, lo cual resulta contraintuitivo.

El Ministerio de Medioambiente ha dado inicio al proceso de revisión de la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Esta norma de emisión data de 2011, se aprobó luego de años de discusión, por lo que los supuestos y proyecciones que se tuvieron a la vista en su promulgación distan notablemente de la realidad actual, en particular respecto del régimen de operación del parque termoeléctrico. De allí deriva el concepto de flexibilidad, que en el caso del parque termoeléctrico se refiere a la capacidad de operar en distintos momentos y niveles de producción, según la cantidad de recursos renovables disponibles.

Vale la pena preguntarse cómo esta revisión incorporará ajustes que permitan introducir mayor flexibilidad en el sistema eléctrico. Iniciado el proceso de retiro de las plantas a carbón, debemos proyectar cómo se utilizará la infraestructura y parque generador en base a gas natural como fuente de flexibilidad que se debe aprovechar al máximo.

La flexibilidad del sistema eléctrico también se juega en la normativa ambiental. Manteniendo los altos límites y estándares que esta norma establece, la autoridad debe aprovechar la oportunidad de armonizar la normativa eléctrica con la ambiental, revisando y ajustando los criterios y condiciones de aplicación del Decreto Supremo N° 13 y sus instrumentos, tal que esta normativa converse con el nuevo escenario de la matriz eléctrica. La preocupación no debe estar sólo en cumplir el propósito sectorial de limitar emisiones, sino que también sea un habilitante para una mayor producción de energías limpias, que nos permita flexibilizar aún más nuestro sistema eléctrico nacional.